El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, fue separado de la carrera judicial por abusar de sus prerrogativas. Nada menos que ordenó poner escuchas en las conversaciones entre Francisco Correa y sus abogados al comienzo de las investigaciones sobre el caso Gürtel, cosa con la que estuvo de acuerdo el fiscal y siguió haciendo su sustituto, basándose en el hecho de que la ley lo permite cuando se trata de actos terroristas o mafiosos. Actualmente, ya se han definido como mafiosas muchas de las actuaciones de esa trama de corrupción ligada al PP.
Idéntico camino siguió la carrera judicial del juez Elpidio Silva por atreverse a decretar prisión contra Miguel Blesa, a quien José María Aznar defendió públicamente en una entrevista diciendo "tengo a Blesa por una persona capaz y competente y no he visto que haya sido acusado por ningún delito", pero al juez le costó su profesión.
Este mes pasado, un juez decreta libertad sin fianza, pero con cargos, contra un camionero que, habiendo dado positivo en el control de cocaína, se saltó la mediana de la AP-7 y arrolló a varios coches "matando" a cinco personas.
La jueza Carmen Lamela ordena prisión incondicional, sin fianza, contra la mayoría de componentes del gobierno catalán por haber llevado adelante los mandamientos del programa electoral con el que fueron votados por los ciudadanos y que el propio Tribunal Constitucional indicó que no eran legales, en tanto no se acometiesen las modificaciones políticas que lo podían permitir pero que el gobierno de la nación negó en todo momento. Concretamente, en el texto de la sentencia dictada en su día se dice: “Por las razones expuestas, debe concluirse que las referencias al “derecho a decidir” contenidas en la Resolución impugnada, de acuerdo con una interpretación constitucional conforme con los principios que acaban de ser examinados, no contradicen los enunciados constitucionales, y que aquellas, en su conjunto, con las salvedades que se han hecho a lo largo de esta Sentencia, expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución.”
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