Oportunidad perdida

El pasado jueves, 16 de julio, tuvo lugar el funeral de Estado en recuerdo de las víctimas del coronavirus en nuestro país. Este acto será histórico en sí mismo por su significado y también por ser el primero de este tipo que se hace de forma totalmente laica, como corresponde, por respeto a la aconfesionalidad del Estado y a tantos ciudadanos que profesan diferentes religiones, o ninguna.

Hay que reconocer que se nota la falta de experiencia civil pues la iglesia católica (y seguramente las demás, cada una en su estilo), más acostumbrada y práctica en este tipo de espectáculo, tiene siglos a sus espaldas con los que ha sabido perfeccionar el guión, la coreografía, la interpretación y consiguen un resultado más emocionado. No obstante, ya era hora de iniciar este recorrido, como ha pasado con la ceremonia de las bodas civiles, ya mucho más entretenidas que las primeras en las que el juez se limitaba a leer aburridos artículos del código civil.

La pena, al menos desde mi punto de vista, ha sido la elección de la fecha, el jueves 16 de julio. Me habría parecido más acertado haberlo realizado un día como hoy, sábado 18 de julio, por dos razones.
La primera porque parece que, dando en principio lo mismo el día de la semana, un sábado facilita la llegada de autoridades, tanto nacionales como extranjeras.
Y la segunda, la más histórica, porque de esa manera esa fecha, la del 18 de julio, quedaría inequívocamente ligada al dolor del desgarro de las víctimas, del sufrimiento de sus allegados y la muerte. Nunca más podría ser celebrado ni por los nostálgicos del antiguo régimen pues confío que, con ciertas dosis de vergüenza, alguno habrá.

Inviolabilidad y Aforamientos

Los medios de comunicación están permanentemente hablando de las noticias relativas a los informes sobre presuntas irregularidades financieras de Juan Carlos I. Tanto es así que el propio presidente del gobierno ha abierto el debate sobre la inviolabilidad del jefe del Estado, recogida en la Constitución, uniéndolo al clamor popular sobre el exceso de políticos aforados.

Es cierto que un país necesita leyes para darse unas normas de convivencia, pero no es menos cierto que esas leyes son dinámicas y no son eternas, pues las sociedades evolucionan y han de saber adaptarse a las nuevas necesidades, para poder sobrevivir. Ya lo dijo el presidente Suárez: “Hay que elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal”.

Podríamos decir, y lo dicen algunos sectores, que Juan Carlos de Borbón accedió a la jefatura del Estado a título de Rey por la voluntad del dictador.

Podríamos quejarnos, con no menos razón, de lo que hemos oído hace poco tiempo reconocer por Adolfo Suárez a la periodista Victoria Prego sobre los resultados de la encuesta realizada en su día en la que la mayoría abrumadora de españoles preferían un modelo republicano de Estado en vez de la monarquía parlamentaria, con el riesgo de que eso podía llevar a una involución política, por lo que prefirieron “meter todo junto” en el paquete del referéndum de aprobación de la Constitución. La mayoría aceptaríamos un “mal menor” que nos permitiese avanzar hacia la democracia. Aunque fuese una “tomadura de pelo” en toda regla con la que hacernos tragar “carros y carretas” por ser lo que habíamos votado.

Estas cosas, y unas cuantas más, nos hacen ver con la perspectiva del tiempo que, cuando Franco dijo aquello de que había quedado todo “atado y bien atado”, era cierto. Aunque ridiculizar la frase nos hiciese  creer que habíamos superado la voluntad estratégica del franquismo. No solo quedó “bien atado”, quedó “encadenado”, como puede observarse en la propia Constitución al incluir normas como la de la necesidad de requerir dos tercios de las cámaras para cualquier modificación. Cosa que, aunque se disfracen de demócratas, los herederos de la ideología franquista no permitirán nunca. Esos que siempre se han opuesto a todo avance social (divorcio, aborto, matrimonio homosexual,… siempre con el apoyo de la Conferencia Episcopal), o educativo (programas de Educación ciudadana, Memoria histórica), o simplemente de respeto (traslado de los restos del dictador del “altar” eterno para su mayor gloria al que podían ir a adorar sus seguidores).

Pues bien, volviendo al tema de nuestro encabezado, pretenden abrir una válvula de escape para que “el pueblo” creamos que habrá “Justicia” con el asunto de los supuestos sobornos, comisiones ilegales y pagos “en negro”. Y la habrá, pero no la del imperio de la Ética, las buenas costumbres o la vergüenza. Se impondrá la Justicia de la Ley. Pasará un tiempo, nos aburriremos del asunto, dejará de estar en primera página y en la apertura de los informativos y, cuando ya estemos cansados y lo dejemos “por imposible”, nos dirán que no tenía recorrido jurídico..…ni siquiera la investigación, pues el artículo 56.3 lo dice muy claramente “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Eso sí, se nos “venderá la moto” de una reforma para la que se tardará en encontrar el momento propicio y como, aunque eliminen o modifiquen esa norma, al no tener carácter retroactivo….”aquí paz y allá gloria”.

No soy jurista, ni lo intento, pero si sé que cuando se quieren hacer las cosas se puede. ¿Qué pasa con el artículo 14 también de la Constitución?, el que dice “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. ¿Acaso no entra en contradicción con la supuesta inviolabilidad del español que mayor ejemplo debe dar, para administrar la Justicia “en su nombre” a los demás ciudadanos?. ¿No podría el Tribunal Constitucional estudiarlo y, a la vista de la aparente contradicción, “fallar” a favor de la igualdad?, ¿será necesaria la instauración de la República para que nadie tenga privilegios….por razón de nacimiento?.

Y dejo lo del aforamiento del resto de “defensores de los ciudadanos” para más adelante.